El dólar volvió a niveles de 2017, pero la inflación no cede y la actividad no despega

El tipo de cambio real de la Argentina volvió en las últimas semanas a niveles similares a los de 2017, antesala de la crisis cambiaria que estalló un año después. El movimiento ocurrió en un contexto internacional adverso, marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y la disparada del precio del petróleo por encima de los US$100 por barril, un shock que suele provocar salidas de capitales de los mercados emergentes y depreciaciones de sus monedas.

Sin embargo, a diferencia de lo que suele ocurrir en episodios de tensión global, el peso se apreció frente a varias monedas emergentes, mientras la inflación local no logra desacelerarse desde hace nueve meses. A diferencia de otros episodios de atraso cambiario en la Argentina, el dólar apreciado convive esta vez con una inflación que no termina de ceder y con una actividad que avanza con dificultad.

Un informe de Quantum Finanzas señaló que, entre el 27 de febrero y el 12 de marzo, el peso se apreció entre 0,5% y 0,7%, mientras monedas como el real brasileño se depreciaron frente al dólar. En ese lapso, el índice del dólar frente a las principales monedas subió 2,1%, reflejando un fortalecimiento global de la divisa estadounidense. A contramano de esa tendencia, las acciones argentinas subieron en dólares y el riesgo país cayó frente a otros emergentes.

En ese contexto, varias monedas emergentes se depreciaron frente al dólar —entre ellas el real brasileño, el peso chileno y el peso colombiano—, lo que vuelve más llamativa la apreciación del peso argentino en las últimas semanas.

Según estimaciones de la consultora LCG, el tipo de cambio real multilateral se apreció 7,7% en lo que va del año y volvió a ubicarse en valores comparables con los de 2017. El indicador incluso se alejó del nivel equivalente a $1636 a precios actuales que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había señalado como un piso a preservar en el acuerdo firmado con la Argentina en 2022.

Ese nivel coincide con el período en que gobernaba Mauricio Macri, cuando la apreciación cambiaria convivía con un fuerte déficit externo y fiscal. Esa combinación terminó derivando en una fuerte crisis cambiaria en 2018.

La situación actual, sin embargo, tiene diferencias importantes. El frente externo luce hoy menos frágil, en gran parte por el crecimiento de las exportaciones energéticas. El fiscal también parece más sólido. Según LCG, el auge de los hidrocarburos no convencionales está modificando uno de los límites estructurales de la economía argentina. “Vaca Muerta está corriendo la restricción externa”, señaló el informe, al explicar que el superávit energético permite sostener un tipo de cambio más apreciado sin generar, por ahora, desequilibrios en la balanza de pagos.

Ese fenómeno tiene un doble efecto. El ingreso de dólares provenientes del sector energético contribuye a estabilizar la macroeconomía, pero al mismo tiempo puede generar lo que el informe de LCG describe como una “enfermedad holandesa” por ahora “asintomática”: una apreciación cambiaria que no provoca una crisis externa en el corto plazo, pero que empieza a erosionar la competitividad de otros sectores productivos.

De hecho, algunos de esos efectos ya comienzan a observarse en la dinámica sectorial de la economía. Según la consultora Analytica, a partir de datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) del Indec, al comparar el acumulado hasta noviembre de 2025 con el nivel de 2023, los sectores más dinámicos fueron el agro (+40,5%), la pesca (+25%), la intermediación financiera (+17,6%) y los hidrocarburos y la minería (+15,9%). También crecieron hoteles y restaurantes (+12,9%).

En el extremo opuesto aparecen sectores más vinculados con el mercado interno y el empleo. La construcción cayó 14,5%, la industria retrocedió 9%, y el comercio, 4,5%. También registraron bajas otros servicios sociales y personales (–3,3%) y la administración pública (–1,6%).

Esa divergencia productiva también se refleja en el mercado laboral. En los últimos dos años se perdieron cerca de 190.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado, con fuerte incidencia de la industria y la construcción. Las actividades más dinámicas —como la energía o la minería— son intensivas en capital y no logran compensar la caída de sectores que concentran mayor empleo.

Parte de esta dinámica cambiaria también se explica por la política económica local. Para sostener el esquema del tipo de cambio y evitar presiones sobre el dólar —en un contexto en el que el BCRA compró más de US$3000 millones en 2026— el gobierno de Javier Milei viene absorbiendo pesos del mercado y manteniendo tasas de interés elevadas. Ese endurecimiento monetario, sin embargo, tiene efectos sobre el resto de la economía.

Un informe de la consultora 1816 advirtió que el crédito al sector privado comenzó a desacelerarse desde mediados de 2025 en un contexto de tasas reales muy altas. Según ese trabajo, la tasa efectiva real de los préstamos personales de las entidades financieras alcanzó en febrero cerca de 40%, mientras que en el caso de las entidades no financieras podría haber rondado el 150%.

El encarecimiento del financiamiento ya empieza a reflejarse en la calidad del crédito. La misma consultora estima que la mora en los préstamos a hogares alcanzó en enero el 10,6%, el nivel más alto en más de dos décadas.

Mientras tanto, la inflación continúa mostrando resistencia a bajar al ritmo que esperaba el gobierno. El índice de precios al consumidor avanzó 2,9% en febrero, el mismo registro que en enero, y la inflación núcleo se ubicó en 3,1%, impulsada principalmente por el aumento de la carne y el ajuste de tarifas.

Un análisis de JP Morgan destacó que el dato estuvo por encima del consenso del mercado y proyectó que la inflación mensual se mantendrá por encima del 2% durante buena parte del primer semestre. El banco estadounidense estima que el índice cerrará 2026 en torno al 26,5% interanual.

En paralelo, las expectativas inflacionarias comenzaron a ajustarse al alza. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, la proyección de inflación para 2026 se ubica ahora en torno al 26%, por encima de las estimaciones de fines del año pasado.

A ese escenario se suma el impacto potencial del encarecimiento del petróleo sobre los precios locales. Distintas consultoras advierten que los combustibles ya registran subas de entre 6% y 8% en lo que va de marzo. Según cálculos de GMA Capital, un aumento del 10% en el precio de los combustibles podría agregar alrededor de 0,3 puntos porcentuales a la inflación mensual, sin contar efectos indirectos.

El aumento del precio internacional de la energía también podría tener efectos en los próximos meses. Distintos análisis privados advierten que, si se mantiene la tendencia alcista del gas natural licuado (GNL), el costo de las importaciones de energía necesarias para cubrir la demanda invernal podría trasladarse parcialmente a las tarifas energéticas hacia mitad de año.

El encarecimiento del crudo, de hecho, también tiene implicancias fiscales. Un informe de Barclays señaló que el impacto neto del petróleo caro podría ser positivo para la Argentina, ya que el aumento de las exportaciones energéticas y de los ingresos tributarios asociados al sector tendería a compensar el mayor gasto en subsidios.

Así, la economía argentina atraviesa una combinación poco habitual: un tipo de cambio real apreciado, similar al de los años previos a la crisis de 2018, convive con una inflación que no termina de bajar, un crédito cada vez más caro y una actividad con fuertes divergencias entre sectores.

El boom exportador del sector energético permite hoy sostener el frente externo y amortiguar tensiones que en otros momentos habrían derivado rápidamente en una crisis. Pero al mismo tiempo empieza a dejar al descubierto una economía que crece de manera desigual, con sectores ganadores impulsados por el boom energético y otros que pierden competitividad, empleo y dinamismo. En otras palabras, el superávit energético permite hoy evitar una crisis externa, pero empieza a trasladar las tensiones hacia la producción y el mercado laboral.